[ Vegeu també: La primera mitad del siglo XIX / América Latina: escepticismo y esperanza ]

La historia de Honduras es representativa de la política de «patio trasero» (back yard) del gobierno de Estados Unidos: mantenimiento del poder de una oligarquía local fiel a la geoestrategia de la administración norteamericana y los intereses de sus multinacionales, en este caso los de la United Fruit & Co. A partir de 1980, los vientos cambiantes de la administración de Jimmy Carter determinaron el apoyo a unas elecciones democráticas que pusieron fin a la dictadura militar, aunque, sin embargo, el cuerpo elegido para la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría liberal, acabó dando la presidencia provisional al general Policarpo Paz García (1980-1982), con lo que se evidenció una vez más la hegemonía castrense en la vida nacional.

Los primeros gobiernos civiles

La década de 1980 (calificada en Honduras de «década perdida», por la lentitud del crecimiento económico) acabó, sin embargo, por conformar el sometimiento del ejército al poder civil. Tuvo éste que medrar con la continuidad de las vulneraciones de los derechos humanos, que halló campo abonado en la lucha contra la revolución sandinista en Nicaragua librada por la CIA y la contra desde territorio hondureño. En esas difíciles circunstancias, el liberal Roberto Suazo Córdova (1982-1986)
y su correligionario José Azcona (1986-1990) fueron los primeros civiles que asumieron la presidencia de la naciente democracia hondureña.

La aplicación de políticas neoliberales

Desde 1990, la política económica hondureña se adaptó al modelo de desarrollo neoliberal basado en las zonas de libre comercio, que a partir de la Cumbre de las Américas (Miami, 1994) trabajó en la creación de una Zona de Libre Comercio Americana basada en la ampliación del Acuerdo de Libre Comercio suscrito por Estados Unidos, Canadá y México en 1992. Bajo la presidencia nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), el impulso liberalizador hizo hincapié en actividades de exportación sostenibles como parte de un programa global de desarrollo que reemplazó las viejas políticas de sustitución de importaciones. El nuevo programa incluía reducciones arancelarias; la eliminación de los controles de precios agrícolas; la liberalización del tipo de cambio mediante
la fluctuación de la lempira; un marco jurídico garantista respecto a los derechos de propiedad,
y la supresión de los controles sobre los tipos de interés. Aunque este programa perdió vigor con las elecciones presidenciales de 1993 y decayó con el gobierno liberal de Carlos Roberta Reina (1994-1998), que basó su campaña en la «revolución moral» y la necesidad de cambios éticos en la administración, los resultados macroeconómicos mejoraron gradualmente: aumentó el crecimiento del PIB, se redujo la inflación a guarismos de dos cifras, crecieron las reservas de divisas y se fortalecieron las finanzas públicas.

El retroceso causado por las catástrofes naturales

Ese crecimiento se vino abajo en octubre de 1998 por los efectos catastróficos del huracán Mitch, que retrotrajo tres décadas la economía hondureña, al causar pérdidas por 3.600 millones de dólares, equivalentes al 77 % del PIB: dejó 7.000 muertos, más de 8.000 desaparecidos, 12.000 heridos, 35.000 viviendas destruidas y 50.000 afectadas, cultivos arrasados, infraestructuras de comunicación destruidas. La situación se palió por la mayor afluencia de las remesas de los emigrantes hondureños en Estados Unidos y por las donaciones internacionales para la reconstrucción, que a finales de 2005 ascendían a 3.000 millones de dólares. La relativa abundancia de divisas resultante abarató las importaciones, perjudicó las exportaciones y afectó a la producción. En el mismo sentido empujó el Banco Central, que compró parte de esos dólares y vendió certificados de ahorro en esa moneda, con el resultado de presionar al alza los tipos de interés. La persistencia de las catástrofes naturales reprodujo en 2005 las condiciones de emergencia, que afectaron en conjunto a más de 175.000 personas, al solaparse el huracán Wilma y las tormentas tropicales Stan, Beta y Gamma , esta última, con 34 muertos y unos 45.000 desplazados, con mucho la peor del año.

Bipartidismo y alternancia en la Honduras del siglo XXI

Aunque de sistema pluripartidista, la democracia hondureña se caracteriza en la práctica por un bipartidismo en el que los dos grandes partidos del país, Partido Nacional (PNH) y Partido Liberal (PLH), se reparten elección tras elección más del 95 % de los votos y alternan en el ejercicio del poder. Desde 1980, el PNH ha gobernado dos veces y el PLH cinco. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras subrayaba la similitud de la política económica propuesta por los candidatos de ambos partidos. Según sus estimaciones de 2005, si ganaba el nacionalista Porfirio Lobo, se potenciaría la industria maquiladora representada por su candidato a la vicepresidencia, Mario Canahuati; y si ganaba el liberal Zelaya, se priorizaría la construcción de infraestructuras, representadas por su candidato a la vicepresidencia, Elvin Santos.

El gobierno del nacionalista Maduro

El 25 de noviembre de 2001, Ricardo Maduro, del Partido Nacional (PNH), obtuvo el 52,2 % de los votos, frente al 44,2 % de su rival, el liberal Rafael Pineda. Sin embargo, los resultados de las elecciones legislativas, en las que el PNH obtuvo 61 de los 128 escaños del Congreso, sólo proporcionaron a su gobierno una endeble mayoría parlamentaria, conseguida gracias a la alianza con el pequeño Partido Demócrata Cristiano.
De padre panameño y madre hondureña, aunque nacida en Guatemala, Maduro (Panamá, 1946) vivió las consecuencias políticas de esa circunstancia cuando en 2000 presentó su candidatura a la presidencia de la república y se puso de relieve que, según la ley hondureña, no podía ser presidenciable y que, además, no había tramitado su registro como hondureño hasta 1981, aunque disponía de la doble nacionalidad que le concedía la ley panameña. Esa contradicción, explotada por el oficialismo liberal, crispó la campaña y llevó el contencioso hasta una comisión de juristas que, formada a instancias de un «pacto patriótico» multipartidista, acabó reconociéndole la legitimidad de sus aspiraciones en cuanto ciudadano hondureño. Licenciado en Economía por la Universidad californiana de Standford, con un postgrado en ingeniería industrial, empezó su carrera en el sector privado de Honduras: gerente de la filial de Xerox, director ejecutivo de Inversiones La Paz y artífice, a comienzos de los años ochenta, de un holding empresarial propio con actividades de importación, acuicultura, inversión turística e inmobiliaria y comercio de productos agroalimentarios y de automoción. Triunfador nato, fue nombrado Empresario 1983 por la Cámara de Comercio Hondureño-Americana y recibió el premio Goldstein 1997 de Gerentes y Empresarios Asociados de Honduras. En 1984 había ingresado en el entonces opositor PNH, donde fundó la corriente renovadora Unidad y Cambio, y dirigió las campañas presidenciales de Rafael Leonardo Callejas de 1985 y 1989. Tras triunfar en las elecciones de este año, Callejas lo puso en la presidencia del Banco Central de Honduras, donde se distinguiría por la aplicación de sus postulados neoliberales. En 1997, el hijo de Maduro, Ricardo Ernesto, regente de la cadena de supermercados familiar en San Pedro Sula, fue secuestrado y asesinado por una banda de delincuentes. Este hecho, sumado a su buena imagen pública, acrecentó la popularidad de Maduro y, en noviembre de 1998, tras la muerte del alcalde de Tegucigalpa, César Castellanos, precandidato nacionalista para las presidenciales de 2001 (ocurrida cuando sobrevolaba en helicóptero el Distrito Central devastado por el Mitch), le abrió las puertas a la precandidatura presidencial por el PNH. Basó su campaña en el eslogan «Tolerancia cero» con la delincuencia, y efectivamente, bajo su mandato la policía llevó a cabo grandes redadas contra las mafias del narcotráfico y las maras. La prioridad de su programa fue, sin embargo, negociar con el Fondo Monetario Internacional la prórroga del acuerdo de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados, objetivo que se saldó con una importante condonación del déficit exterior, que era de 5.000 millones de dólares. Este acuerdo, que implicaba recortes fiscales y la contención salarial de los sueldos de los funcionarios, chocó con las organizaciones sociales y sindicales agrupadas en el Foro Nacional de Convergencia, que fueron muy críticas respecto a un pacto de solidaridad que estimaron contradictorio con las reducciones de impuestos que se aplicaba a las empresas y que sólo beneficiaba a las grandes fortunas. El PIB creció el 4 % en el bienio 2004-2005, pero las estadísticas señalaban que el 80 % de la población seguía hundida en una situación de extrema pobreza.
En el plano internacional, el gobierno apoyó la política del presidente George Bush en Irak y contribuyó con un batallón de 360 efectivos a la fuerza multinacional de ocupación de ese país. Aunque la medida no levantó una especial inquietud entre los hondureños, tuvo que ser corregida y se ordenó el regreso de las tropas cuando, en mayo de 2004, el nuevo gobierno español, cumpliendo con sus compromisos electorales, ordenó el regreso de las suyas, que estaban integradas en la misma brigada, junto a las dominicanas y las nicaragüenses. En 2005, Honduras acordó la creación de una fuerza de acción rápida centroamericana con Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para combatir el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas y las maras.

El gobierno del liberal Zelaya

Su sucesor, el empresario agropecuario José Manuel Zelaya (Catacama, 1952), popularmente conocido como Mel, se ganó los votos denunciando la pasividad del gobierno de Maduro en la creación de empleo, la insuficiencia de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la lucha contra la pobreza. Zelaya obtuvo el 49,9 % de los sufragios, frente al candidato del Partido Nacionalista, Porfirio Lobo (46,2 %). Muy descolgados ya: Juan Ángel Almendares Bonilla, de la izquierdista Unificación Democrática (1,5 %), Juan Ramón Martínez, del Partido Demócrata Cristiano (1,4 %), y Carlos Alejandro Sosa, del Partido de Innovación y Unidad-Social Demócrata (1 %). En las elecciones legislativas, la participación fue del 46 % y, al borde de la mayoría absoluta, el PLH consiguió 62 de los 128 escaños del Congreso: sus mejores resultados departamentales los obtuvo en Gracias a Dios (59 %), Colón (56 %) y El Paraíso (56 %). Zelaya se adjudicó la victoria el mismo día de las elecciones a la luz del resultado favorable de las encuestas a pie de urna. Pero las circunstancias del recuento, que incomprensiblemente se prolongaron hasta el 23 de diciembre, dieron pábulo, en principio, a la creencia de que Zelaya estaría pactando la renuncia de Lobo a cambio del compromiso de no judicializar la corrupción registrada en la administración cesante. Sin embargo, Lobo reconoció el triunfo de Zelaya el 7 de diciembre, cuando, con el 90 % de los votos escrutados, su rival le sacaba 3,7 puntos de ventaja.
El 27 de enero de 2006, el presidente del Congreso, el también liberal Roberto Micheletti, impuso a Zelaya la banda blanquiazul que le convertía en el séptimo presidente democrático desde que en 1980 se produjo el retorno del orden constitucional. El nuevo presidente era el primogénito de una familia terrateniente de origen vasco establecida desde el siglo XVIII en el país y que a lo largo de su historia dio notables personalidades a la judicatura, la milicia y la literatura hondureñas . Su capacidad de gestión, más allá de los negocios familiares, la avalaba el puesto que desde 1987 ocupó como directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el de presidente de uno de los gremios patronales adherido a aquél, la Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de la Madera (ANETRAMA). Afiliado desde 1970 al Partido Liberal (PLH), militó como su padre en la facción dominante de la época, el Movimiento Liberal Modista, afín al que fue presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986); más tarde, con el PHL en el poder, se pasó a la corriente azconista, que finalmente llevó al ingeniero José Simón Azcona a la presidencia (1986-1990) y a él a su primer mandato como diputado; en la siguiente legislatura, como diputado de la oposición, formó parte de la facción liberal de centroizquierda que lideraba el jurista Carlos Roberto Reina. Cuando la victoria liberal de 1993 llevó a éste a la presidencia (1994-1998), Zelaya renunció a sus puestos en la patronal y pasó a ocupar un puesto de rango ministerial: director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), desde donde mantuvo un diálogo fructífero con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que acabaron financiando sus proyectos. Hombre de confianza del siguiente presidente, Carlos Roberto Flores, tras la catástrofe causada en octubre de 1998 por el huracán Mitch, fue nombrado asesor del Gabinete Especial de Reconstrucción Nacional creado al mes siguiente para hacer frente a la crisis. Tras abandonar sus cargos en 1999 para presentarse como precandidato liberal a la presidencia de la república y retomar su actividad empresarial, ocupó la secretaría de organización y propaganda del partido y articuló su propia facción, Movimiento Esperanza Liberal (MEL), de siglas coincidentes con las de su nombre familiar. Pero su precandidatura fue derrotada en diciembre de 2000 por la del presidente del Congreso Nacional, Rafael Pineda, a su vez derrotado por el candidato nacionalista Ricardo Maduro en las presidenciales de 2001. Sus aspiraciones se harían realidad cuatro años más tarde cuando, bajo el paraguas del Poder Ciudadano, venció a los otros ocho precandidatos en las primarias del liberalismo celebradas el 20 de febrero de 2005 y fue aclamado el 28 de mayo por la Convención Extraordinaria del partido. En su programa destacaba la reducción del gasto corriente del gobierno, la creación de 400.000 puestos de trabajo en la maquila agroexportadora, la construcción de 200.000 viviendas, la matriculación gratuita a más de dos millones de escolares, la lucha contra el dengue y la malaria, y medidas a favor del medio ambiente y contra la deforestación.
El 16 de marzo de 2006 el Congreso unicameral de Honduras aprobó, con los únicos votos en contra de los cinco diputados de Unificación Democrática (UD), las reformas del Código Penal, la Ley de la Propiedad Intelectual y la normativa fitosanitaria, necesarias para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, en sus siglas inglesas). Entre las modificaciones del Código Penal destacaban las referidas a la figura del soborno realizado por empresas multinacionales a empresas o funcionarios hondureños, que podrá ser castigado con penas de hasta siete años de cárcel y el cierre de empresas; entre los cambios en la preservación de la propiedad intelectual, la violación de los derechos de autor podrá comportar hasta seis años de cárcel.